La población palestina, sometida a detenciones discriminatorias, torturas y fuerza ilegítima por la policía israelí

• Detenciones generalizadas de activistas palestinos
• Uso ilegítimo de la fuerza contra manifestantes palestinos
• Tortura de personas palestinas detenidas
• Falta de protección de la población palestina de ataques planeados por grupos de supremacistas judíos

“La policía israelí ha cometido una serie de violaciones de los derechos de la población palestina en Israel y en la Jerusalén Oriental ocupada al llevar a cabo una campaña represiva discriminatoria que incluye detenciones generalizadas masivas, el uso de fuerza ilegítima contra manifestantes pacíficos y el sometimiento de las personas detenidas a tortura y otros malos tratos durante y después de las hostilidades armadas en Israel y Gaza”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

Además, la policía israelí no ha protegido a los ciudadanos y ciudadanas palestinas de Israel de ataques premeditados de grupos de supremacistas judíos armados, ni siquiera cuando los planes habían sido difundidos con antelación y la policía los conocía o debía haberlos conocido.

“Los datos recabados por Amnistía Internacional ofrecen un panorama abrumador del uso de la discriminación y la fuerza excesiva despiadada por la policía israelí contra la población palestina en Israel y en la Jerusalén Oriental ocupada”, ha declarado Saleh Higazi, director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“La policía tiene la obligación de proteger a todas las personas que están bajo el control de Israel, sean judías o palestinas. En su lugar, la inmensa mayoría de las personas detenidas en la represión policial que siguió al estallido de la violencia entre comunidades fueron palestinas. Las escasas personas ciudadanas judías de Israel recibieron un trato más indulgente. Los supremacistas judíos también siguen organizando manifestaciones mientras la población palestina sufre la represión”.

El equipo de investigación de Amnistía Internacional habló con 11 testigos y el Evidence Lab del Programa de Respuesta a las Crisis de la organización verificó 45 vídeos y otras formas de medios digitales para documentar más de 20 casos de violaciones de derechos cometidas por la policía israelí entre el 9 de mayo y el 12 de junio de 2021. Centenares de palestinos y palestinas han resultado heridos como consecuencia de la represión, y un adolescente de 17 años murió por disparos.

Represión discriminatoria

La violencia entre comunidades estalló a partir del 10 de mayo, cuando las manifestaciones se propagaron a localidades con población palestina dentro de Israel. Decenas de personas resultaron heridas y murieron dos ciudadanos judíos de Israel y un ciudadano palestino. Sinagogas y cementerios musulmanes fueron destrozados. El 13 de mayo, en Haifa, fueron destruidos 90 coches propiedad de personas palestinas y se lanzaron piedras contra viviendas palestinas. En Jerusalén Oriental, colonos israelíes siguieron hostigando con violencia a residentes palestinos.

El 24 de mayo, las autoridades israelíes lanzaron como respuesta la Operación Ley y Orden, dirigida principalmente contra los manifestantes palestinos. Según los medios de comunicación israelíes, la operación tenía por objeto “ajustar cuentas” con las personas implicadas y “disuadir” de que se siguieran realizando manifestaciones.

Según Mossawa, grupo palestino de derechos humanos, a fecha 10 de junio, la policía había detenido a más de 2.150 personas, más del 90% de las cuales eran ciudadanas palestinas de Israel o residentes de Jerusalén Oriental. El grupo dijo también que se habían dictado 184 actas de acusación formal contra 285 personas. Según Adalah, otro grupo de derechos humanos, un representante de la Fiscalía del Estado dijo el 27 de mayo que, entre las encausadas, sólo había 30 personas ciudadanas judías de Israel.

La mayoría de las personas palestinas detenidas lo fueron por delitos como “insultar o agredir a un agente de policía” o “participar en una reunión ilegal” y no por ataques violentos contra personas o bienes, según el Comité de Seguimiento para los Ciudadanos y Ciudadanas Árabes de Israel.

“Esta represión discriminatoria se orquestó como un acto de represalia e intimidación para aplastar las manifestaciones propalestinas y silenciar a quienes alzan la voz para condenar la discriminación institucionalizada y la opresión sistémica de Israel de la población palestina”, afirmó Saleh Higazi.

Uso ilegítimo de la fuerza contra manifestantes

Amnistía Internacional ha documentado el uso innecesario y excesivo de la fuerza por la policía israelí para dispersar protestas de la población palestina contra desalojos forzosos en Jerusalén Oriental, así como contra la ofensiva en Gaza. Las protestas eran en su mayoría pacíficas, aunque una minoría atacó bienes policía y lanzó piedras. En cambio, los supremacistas judíos siguen organizando con libertad manifestaciones. El 15 de junio, miles de colonos y supremacistas judíos marcharon de forma provocativa por los barrios palestinos de Jerusalén Oriental.

Testimonios de testigos y vídeos verificados confirman que, en una protesta del 9 de mayo en el barrio de la Colonia Alemana de Haifa, en el norte de Israel, un grupo de unos 50 personas protestaba pacíficamente cuando la policía armada las atacó sin que mediara provocación y golpeó a algunas de ellas.

El 12 de mayo, Muhammad Mahmoud Kiwan, de 17 años, recibió un disparo en la cabeza cerca de Umm el Fahem, en el norte de Israel, y murió una semana más tarde. Según testigos presenciales, estaba sentado en un coche cerca de una protesta cuando la policía israelí le disparó. La policía desmiente esta versión y dijo que estaban investigando.

Ese mismo día, agentes de policía dispersaron con violencia y sin previo aviso una protesta pacífica de unas 40 personas en la plaza del Pozo de María, en Nazaret, en el norte de Israel y agredieron físicamente a quienes se manifestaban.

“La policía israelí debe proteger el derecho a la libertad de reunión, no lanzar ataques contra personas que se manifiestan pacíficamente. La comisión de investigación establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en mayo de 2021 debe investigar la alarmante constante de violaciones de la policía israelí”, dijo Saleh Higazi.

La policía israelí también ha usado fuerza ilegítima en la Jerusalén Oriental ocupada. El 18 de mayo, disparó en la espalda a Jana Kiswani, de 15 años, cuando ésta entraba en su casa, en Sheikh Jarrah. Unas horas antes había habido una protesta delante de esa vivienda. Su padre, Muhammad, dijo a Amnistía Internacional que las vértebras de Jana quedaron destrozadas y que los médicos no saben si podrá volver a caminar. Imágenes de vídeo verificadas muestran a Jana Kiswani cayendo al suelo cuando recibe un disparo desde atrás. En otro vídeo verificado se ve a un policía israelí disparando despreocupadamente un lanzagranadas Stand Alone IWI GL 40 contra alguien situado fuera de la pantalla, y a continuación se oye un grito.

Violencia policial, tortura y otros malos tratos

El 12 de mayo, agentes de policía israelíes dispararon a Ibrahim Souri en la cara cuando, desde el balcón de su casa en Jaffa, en el sur de Tel Aviv, filmaba con su teléfono móvil a la policía que patrullaba la calle.

En un vídeo verificado, se oye a uno de los policías que dice: “¿Qué tiene en la mano?” Ibrahim Souri grita: “Estoy filmando, ¿no está permitido? Dispara, está todo grabado”. Más tarde contó a Amnistía Internacional: “No me imaginé que dispararían de verdad. Creía que tenía derechos y que estaba a salvo, en un país democrático”. Fotografías examinadas por una persona especializada en patología forense para Amnistía Internacional e informes médicos revelan que lo más probable es que fuera alcanzado por un proyectil de impacto cinético de 40 milímetros que le fracturó los huesos faciales.

Amnistía Internacional también documentó torturas en la comisaría de policía del Recinto Ruso (Moskobiya) de Nazaret el 12 de mayo. Una persona que presenció los hechos dijo que vio a miembros de las fuerzas especiales golpeando a un grupo de al menos ocho jóvenes atados que habían sido detenidos en una protesta.

“Era como un campo brutal de prisioneros de guerra. Los policías golpeaban a los jóvenes con palos de escoba y les daban patadas con las punteras de acero de sus botas. Tuvieron que llevarse a cuatro de ellos en ambulancia y a uno le rompieron el brazo”, dijo.

El abogado de Ziyad Taha, otro manifestante recluido en el centro de detención de Kishon, cerca de Haifa, el 14 de mayo, dijo que su cliente permaneció atado a una silla de las muñecas y los tobillos y fue privado de sueño durante nueve días.

Falta de protección de la población palestina de ataques de supremacistas judíos

La policía no protegió a la población palestina de ataques organizados de grupos de supremacistas judíos armados cuyos planes a menudo habían sido difundidos con antelación.

Amnistía Internacional verificó 29 mensajes de texto y audio de canales abiertos de Telegram y WhatsApp que revelan el uso de estas aplicaciones para reclutar a hombres armados y organizar ataques contra la población palestina en ciudades con población judía y árabe como Haifa, Acre, Nazaret y Lod entre el 10 y el 21 de mayo.

Los mensajes contenían instrucciones sobre dónde y cuándo reunirse, tipos de armas e incluso la ropa que había que vestir para evitar confundir a las personas judías originarias de Oriente Medio con las árabes palestinas. Los miembros de los grupos compartían selfis en los que posaban con armas de fuego y mensajes como: “Esta noche no somos judíos, somos nazis”.

El 12 de mayo, cientos de supremacistas judíos se reunieron en el paseo marítimo de Bat Yam, en el centro de Israel, en respuesta a unos mensajes del partido político Poder Judío y de otros grupos. Imágenes de vídeo verificadas muestran a decenas de activistas atacando negocios de propiedad árabe y animando a los atacantes. Una de las personas apaleadas fue Said Musa, a quien los agresores judíos además arrollaron con una motocicleta. Sólo están enjuiciados seis israelíes por el ataque.

También han incitado a la violencia figuras políticas y autoridades del gobierno. El 11 de mayo estallaron disturbios después de que Itamar Ben-Gvir, parlamentario por el partido Poder Judío, pidiera a sus simpatizantes que acudiesen a Lod y otras localidades y que se disparase contra quienes lanzaran piedras.

La víspera, Musa Hassuna había sido abatido por disparos de un ciudadano judío de Israel en Lod, durante unos incidentes de violencia entre comunidades. Hay un vídeo en el que se ve que le disparan cuando estaba cerca de un grupo de personas palestinas que lanzaban piedras. Su padre culpó al alcalde de la localidad, Yair Revivo, por “convocar a extremistas a hacer esta brutalidad”, en referencia a una declaración en la que el alcalde había calificado lo sucedido en Lod de pogromo contra la población judía. En relación con este homicidio fueron detenidas cuatro personas que, sin embargo, quedaron en libertad bajo fianza tres días después. El ministro de Seguridad Pública de Israel, Amir Ohana, condenó abiertamente las detenciones diciendo que eran “terribles”.

En una muestra de discriminación, Kamal al Khatib, segundo líder del Movimiento Islamista del Norte, fue detenido el 14 de mayo y acusado de incitación a la violencia y apoyo a una organización terrorista por unos comentarios públicos en los que expresó orgullo en solidaridad con la población de Gaza y Jerusalén Oriental, y dijo que el origen de la violencia entre la población palestina y la judía se debía a los cambios de categoría de los lugares santos de Jerusalén.

“La reiterada falta de protección de la policía israelí a la población palestina de los ataques organizados de grupos de supremacistas judíos armados y la ausencia de rendición de cuentas por estos ataques es una vergüenza y muestra el menosprecio de las autoridades hacia la vida palestina”, declaró Molly Malekar, directora de Amnistía Israel.

“El hecho de que se haya permitido a las personas judías de Israel, personalidades destacadas incluidas, incitar abiertamente a la violencia contra la población palestina sin tener que rendir cuentas pone de relieve el alcance de la discriminación institucionalizada que sufre esta población y la necesidad urgente de protección”.